Aragón mueve ficha en la carrera del biometano: 58,72 M€ y vía rápida administrativa para tres plantas en Caspe, Fraga y La Puebla de Híjar

Tres plantas, tres provincias aragonesas, un mismo promotor y una misma vía rápida administrativa. El Gobierno de Aragón declaró el 2 de septiembre de interés autonómico el proyecto conjunto de BDP Bioenergy VIII, IX y XII — sociedades del grupo ABEI Energy — para construir plantas de biometano en Caspe (Zaragoza), Fraga (Huesca) y La Puebla de Híjar (Teruel), con una inversión conjunta de 58,72 millones de euros. Tres comarcas ganaderas —Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca y Bajo Martín— entran así de golpe en el mapa del biometano aragonés.

Los números del proyecto

Las tres sociedades promotoras son BDP Bioenergy VIII, IX y XII; la fuente oficial no detalla qué sociedad corresponde a cada municipio.

Las tres plantas tratarán de forma conjunta 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, principalmente de origen ganadero y agroalimentario, transformándolos en biometano — gas renovable compatible con la red de gas natural existente. El calendario prevé ejecutar el 90% de la inversión entre 2026 y 2028. En construcción se estiman 180 empleos directos, a los que se suman unos 90 indirectos; en operación, 48 puestos fijos.

Qué es (y qué no es) una Declaración de Interés Autonómico

La figura que ha activado el Gobierno de Aragón para este proyecto es la Declaración de Inversión de Interés Autonómico (DIIA), regulada en el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón (modificado por el Decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, de medidas urgentes para la agilización de la declaración de interés general de planes y proyectos). No cualquier inversión accede a ella: el decreto exige que el proyecto tenga "especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial" de la comunidad, y la propuesta debe partir de algún miembro del Gobierno aragonés.

El efecto práctico es un impulso preferente y urgente de todos los trámites administrativos vinculados al proyecto, con los plazos ordinarios reducidos a la mitad — salvo los de presentación de solicitudes y recursos, que no se tocan.

Lo que la DIIA no hace es sustituir ninguna autorización. Las tres plantas seguirán necesitando su Autorización Ambiental Integrada o evaluación de impacto ambiental (AAI/EIA) ante el INAGA, su licencia urbanística municipal y, en su caso, la calificación de suelo correspondiente. Es un carril rápido, no un salvoconducto: acelera el reloj administrativo, no elimina ningún control.

Es la misma figura, dicho sea de paso, que se ha usado para el campus de centros de datos de Merlin Properties en Botorrita — y que un medio local (Arainfo) ha cuestionado en ese caso concreto por no alcanzar el umbral de empleo directo exigido por la norma.

Qué suelo demanda una planta de biometano de este tamaño

Una planta que trata entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales de residuo orgánico — el orden de magnitud de cada una de las tres de Aragón — necesita, típicamente, suelo rústico o industrial de gran parcela, con acceso rodado para camiones de gran tonelaje, alejado del núcleo urbano por olores y tráfico, y con salida técnica para el digestato (el subproducto sólido/líquido de la digestión anaerobia, que suele destinarse a fertilizante agrícola en el entorno). Ninguna de las tres fuentes consultadas — ni la nota oficial ni la prensa aragonesa — ha publicado hasta la fecha la superficie exacta, la referencia catastral ni el polígono o parcela concretos de cada instalación: solo el municipio.

Lo que sí encaja es el contexto agroganadero de las tres zonas. Caspe (Bajo Aragón-Caspe) y Fraga (Bajo Cinca) concentran explotaciones porcinas de cebo y de madres a decenas — el propio histórico de expedientes del INAGA en ambos municipios está dominado por autorizaciones ambientales integradas de granjas porcinas —, y La Puebla de Híjar (Bajo Martín) tiene un perfil agroindustrial similar. Es, precisamente, la materia prima que alimenta una planta de biometano: purines, subproductos ganaderos y restos agrícolas.

Caspe, además, no es territorio nuevo para el biometano: en el mismo municipio hay ya, según prensa local, al menos otro proyecto de planta promovido por Biorig (35 M€, 35 empleos), Conviene no confundir ambos proyectos: son promotores distintos.

El otro lado: naves, polígonos y la lección de Mallén

Una planta de biometano no es solo una instalación agroindustrial: mueve tráfico pesado (camiones de entrada de residuo y salida de digestato), genera olores en el entorno inmediato y, en más de un caso reciente en España, ha topado con oposición vecinal organizada bajo el paraguas de las plataformas "Stop Biometano" — el caso más sonado en Castilla-La Mancha, donde el propio Gobierno regional está tramitando un decreto que exige distancia mínima de 2 km al núcleo urbano y que el 80% del residuo tratado proceda de un radio máximo de 35 km, además de someter cada proyecto a votación en pleno municipal.

En Aragón el caso a vigilar es Mallén (Zaragoza), donde otra planta de gas renovable del propio grupo BDP Bioenergy (BDP Bioenergy V) está en información pública ante el INAGA (EIA y autorización ambiental integrada, BOA nº164 de 25/08/2026) con plazo de alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2026. Para empresas y naves que operan en polígonos cercanos a las tres nuevas plantas, el riesgo no es tanto de calificación de suelo — como sí ocurre con las recalificaciones residenciales — sino de tráfico de camiones y presión sobre el entorno inmediato si la ubicación final resulta próxima a zonas industriales o residenciales ya consolidadas.

Estas tres plantas se suman a una lista ya larga: el mapa de energía de UNITNAVE (en /tools/energia) contabiliza 74 plantas de biometano operativas, en construcción o en tramitación en toda España, Mallén incluida.

Qué vigilar y cuándo

Con la Declaración de Interés Autonómico aprobada pero sin expediente de AAI/EIA localizado todavía en el open data del INAGA para ninguna de las tres razones sociales (BDP Bioenergy VIII, IX y XII) a fecha de esta publicación, el calendario que debe seguir cualquier propietario o empresa de las tres comarcas es el habitual de este tipo de instalaciones:

1. Apertura de información pública de la Autorización Ambiental Integrada o la evaluación de impacto ambiental de cada planta, previsiblemente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y en la sede del INAGA — momento en que se conocerán ubicación exacta, superficie y condiciones técnicas.
2. Plazo de alegaciones, abierto durante esa información pública, para empresas y particulares afectados.
3. Licencia urbanística municipal en cada uno de los tres ayuntamientos.
4. Inicio de obras, con el 90% de la inversión conjunta concentrado entre 2026 y 2028, y las tres plantas operativas escalonadamente entre junio y octubre de 2028.

Fuentes

• eldiario.es Aragón — "El Gobierno de Aragón declara de interés autonómico sendas plantas de biometano en Caspe, Fraga y La Puebla de Híjar", 02/09/2026
• Aragón Digital — "Aragón declara de interés autonómico tres plantas de biometano en Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga", 02/09/2026
• La Comarca — "Declarada de interés la instalación de tres nuevas plantas de biometano en Caspe, La Puebla y Fraga con una inversión de casi 59 millones de euros", 02/09/2026
• Onda Aragonesa — "Aragón declara de interés autonómico tres plantas de biometano con 59 millones de inversión", 02/09/2026
• BOE — Decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la agilización de la declaración de interés general de planes y proyectos
• Arainfo — "Los centros de datos de Merlín en Botorrita no cumplen el requisito de impacto laboral para declararlos como inversión de interés general para Aragón", 02/09/2026 (contexto sobre el uso de la misma figura DIIA en otro proyecto)
• Open data INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), descarga de expedientes en información pública a 04/09/2026
• Ortofoto PNOA (CC-BY 4.0, ign.es)

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