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El pulso de las comunidades autónomas al Gobierno por los centros de datos: cinco regiones ponen sobre la mesa más de 140.000 millones

El Real Decreto que exige a los centros de datos el 80% de renovable hora a hora ha desatado una oleada de alegaciones de Madrid, Aragón, Extremadura y Andalucía, mientras Cataluña y Merlin Properties dicen que ya cumplen. Y hay un giro de última hora: el propio MITECO ha ampliado el plazo, que no cerraba mañana como se creía. Repasamos comunidad por comunidad, con cifra y fuente.

Equipo UNITNAVEPublicado el 3 septiembre, 20269 min de lectura
El pulso de las comunidades autónomas al Gobierno por los centros de datos: cinco regiones ponen sobre la mesa más de 140.000 millones
Inversión en centros de datos reclamada por cada comunidad autónoma en sus alegaciones al RD de sostenibilidad — elaboración propia con fuentes oficiales y de prensa citadas en el gráfico

Hace una semana contamos qué exige el borrador de Real Decreto de sostenibilidad de centros de datos: 80% de consumo cubierto por renovables nuevas, casadas hora a hora, con recargos de hasta el 500% en los peajes eléctricos si no se cumple. En estos días el foco se ha movido del texto a la reacción: comunidades autónomas, patronal y algunas grandes promotoras han presentado —o anunciado que van a presentar— alegaciones, cada una con su propia cifra de lo que dice tener en juego.

Y hay una noticia dentro de la noticia: el plazo que se daba por cerrado mañana, 4 de septiembre, no es la fecha real. El MITECO lo amplió.

El plazo no cerraba mañana: MITECO lo amplió hasta el 10 de septiembre

El trámite de audiencia pública se abrió el 27 de agosto de 2026 con fecha de cierre inicial el 4 de septiembre. Así lo recogió la prensa toda la semana pasada, y así lo asumía nuestro primer artículo. Pero el 2 de septiembre el propio Ministerio publicó una resolución de ampliación: la ficha oficial de audiencia pública del proyecto en miteco.gob.es dice hoy, literalmente, que "el plazo de esta participación pública queda extendido hasta el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 17:00". El motivo que da el propio MITECO: "facilitar la participación de los interesados en el trámite de audiencia e información pública, atendiendo a las solicitudes formuladas en este sentido" — una alusión directa a la petición que había hecho SpainDC, la patronal del sector, de más tiempo y de una mesa técnica con el Gobierno.

Dicho de otra forma: la "oleada de alegaciones" ha conseguido, de entrada, seis días más de plazo. Lo que sigue está construido con lo que se sabe hasta hoy, 3 de septiembre.

Quién alega qué: comunidad por comunidad

No todas las comunidades autónomas se oponen por igual, y no todas dan una cifra. Esto es lo que hemos podido verificar en fuentes oficiales o de prensa con atribución directa:

ComunidadPosturaCifra que aportaQuién lo dice
MadridAlega — pide revisar el artículo 7 y la retroactividad46 CPD (35 operativos, 11 en construcción), 54,8% de la capacidad nacional; hasta 58.000 M€ de inversión potencial 2030 en escenario optimista, frente a 12.500 M€ si se aplica la regulación "rígida"Comunidad de Madrid, nota oficial (comunidad.madrid)
AragónAlega — pide flexibilizar plazos y el cómputo del 80%Más de 30 proyectos en tramitación; inversión anunciada superior a 47.000 M€ y horizonte de hasta 187.000 empleosGobierno de Aragón, vía Moncloa.com (27/08/2026) y declaraciones de la directora general de Energía, Yolanda Vallés
ExtremaduraAlegará — pide que la asignación de energía no dependa "en exclusiva" del Gobierno central5 grandes proyectos vinculados a nube e IA con más de 25.000 M€ de inversión (Río Caya en Badajoz, ~2.000 M€/hasta 500 MW; dos proyectos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, ~20.000 M€ conjuntos)Junta de Extremadura (consejera Mercedes Morán, rueda de prensa en Mérida) y prensa regional (Canal Extremadura, DCD)
AndalucíaAlega — pide que el 90% renovable se compute por comunidad autónoma, no solo a nivel nacionalMás de 20 proyectos afectados, inversión superior a 10.000 M€Junta de Andalucía, nota oficial (juntadeandalucia.es, 01/09/2026, consejero José Antonio Nieto)
CataluñaNo alega por esta vía — dice que ya cumpleMás de 30 proyectos en desarrollo que, según la Generalitat, no tendrán que modificarse porque Cataluña ya exigía condiciones estrictas de energía, agua e impacto ambientalGeneralitat de Catalunya, fuentes de la administración catalana (vía El Nacional)

A ellas se suma el sector empresarial, con SpainDC como voz principal: la patronal cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta que proyectaba para España entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad, y avisa de que hasta 60.000 millones de esa cifra están en riesgo de desviarse a otros países si el texto se mantiene como está. Frente a ese consenso crítico, Merlin Properties ha hecho una excepción pública: la promotora declara que invertirá 4.470 millones de euros en 2026-2030 sin necesidad de que cambie el decreto, porque su modelo (Botorrita/Zaragoza-WIND, entre otros) ya incorpora renovable propia.

Ninguna organización ecologista de ámbito estatal (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, Fundación Renovables) se ha pronunciado públicamente sobre este Real Decreto en concreto hasta la fecha de este artículo; sí lo ha hecho, desde otro ángulo, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que el 1 de septiembre pidió una moratoria para nuevas implantaciones en Aragón, alegando consumo de agua, demanda eléctrica y efecto "isla de calor" en un radio de hasta 10 km — con 22 proyectos operativos o en tramitación solo en la provincia de Zaragoza, según la propia FABZ.

Las cifras, cara a cara

Conviene no sumar estos números como si fueran una única magnitud: cada gobierno mide algo distinto (todo el parque regional, unos pocos proyectos insignia, o la proyección nacional del sector) y en fechas distintas. Por eso las presentamos comunidad por comunidad, con su fuente, en vez de como un total.

Dos lecturas llaman la atención al ponerlas una junto a otra. La primera: Madrid y Aragón, gobernadas por el PP, son las que más alto hablan y las que ponen las cifras más grandes — coherente con ser las dos comunidades con más capacidad instalada y proyectos en cartera del país. La segunda: Cataluña queda fuera del bloque de alegaciones con un argumento distinto al del resto — no pide cambiar el decreto, sino que dice que ya lo cumple, lo cual encaja con una región que llevaba tiempo aplicando sus propios criterios de agua y energía a estos proyectos.

Un dato que empuja en sentido contrario

El argumento técnico más repetido contra la correlación horaria —que obligar a casar el consumo con renovables hora a hora es una exigencia desproporcionada— convive con un dato incómodo para quien lo esgrime: España ya acumuló, según el propio mercado eléctrico, más de 500 horas de precios cero o negativos en lo que va de 2026. Es decir, hay horas del año en las que sobra tanta renovable que el precio se hunde, precisamente porque no hay suficiente demanda —o almacenamiento— capaz de absorberla en ese momento. Un centro de datos que casara su consumo hora a hora con renovable adicional podría, en teoría, aprovechar parte de esas horas de excedente en lugar de agravarlas. El propio borrador, sin embargo, no distingue horas de excedente de horas de escasez a la hora de fijar el 80%: exige la correlación en todas, lo que —según el argumento del sector— puede llevar a sobredimensionar la generación solar solo para cubrir las horas más difíciles.

Qué pasa a partir de ahora

El calendario que marca el propio texto en tramitación, más allá del nuevo cierre del 10 de septiembre, es este:

  • Tras el cierre de la audiencia pública, el Gobierno analiza las alegaciones recibidas y prepara el texto definitivo, que en el procedimiento normativo español pasa habitualmente por el Consejo de Estado antes de su aprobación final en Consejo de Ministros.
  • Plazo de adaptación de 6 meses desde la entrada en vigor para los proyectos con permiso de acceso concedido pero aún sin conexión física; 3 meses para las solicitudes de acceso todavía sin resolver.
  • Clase de eficiencia energética e hídrica: hasta que sea aplicable el etiquetado europeo de eficiencia (Reglamento delegado UE 2024/1364, previsto para agosto de 2027), el texto fija valores máximos transitorios de PUE 1,15 y WUE 0,10; a partir de esa fecha se exigirá la categoría A del etiquetado europeo, la más exigente.
  • Los centros ya conectados —acoplados a red y con contrato ATR firmado antes de la entrada en vigor— quedan fuera de la exigencia del 80% horario, como ya explicamos en la primera entrega, aunque no del reporte anual de eficiencia al Ministerio.

Qué vigilar si tienes suelo pensado para un CPD

La discusión de estos días no es solo regulatoria: es también una discusión sobre dónde va a merecer la pena construir. Tres cosas a seguir en las próximas semanas:

  • Si el 10 de septiembre trae, de verdad, el cierre del plazo o si hay una segunda prórroga — la presión del sector y de varias comunidades por más tiempo no ha remitido, y una fecha de cierre que ya se ha movido una vez puede volver a moverse.
  • Si Andalucía consigue su reivindicación de cómputo autonómico del 90% renovable: de aprobarse, cambiaría el mapa de qué regiones parten con ventaja para acreditar la correlación horaria, favoreciendo a las que ya tienen superávit renovable propio.
  • Qué comunidades acaban incorporando régimen transitorio explícito para proyectos ya en tramitación —lo piden Madrid, Aragón y Andalucía— frente a las que, como Cataluña, no lo necesitan porque ya exigían más.

Para quien tenga suelo industrial o rústico en un corredor con capacidad de red y esté valorando su potencial para un centro de datos, el mensaje de esta segunda semana de alegaciones es el mismo que el de la primera, solo que con más comunidades autónomas respaldándolo con cifras propias: el proyecto ya no se juega solo en el acceso a la red, sino en la generación renovable adicional que se pueda casar con él hora a hora — y en si el marco regulatorio da tiempo suficiente para construirla.

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Fuentes


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Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.

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